• Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación del Reino para la Península e Islas Adyacentes (1812-1814; 1820-1823) • Secretaría de Estado y del Despacho de Interior (1823) • Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento General del Reino (1832-1834) • Secretaría de Estado y del Despacho de Interior (1834-1835) • Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación (1835-siglo XIX) • Ministerio de la Gobernación (siglo XIX-1977) • Ministerio del Interior (1977-1994) • Ministerio de Justicia e Interior (1994-1996) • Ministerio del Interior (1996-)
De acuerdo con los datos de Eurostat para el año 2022, España (todas las administraciones) gastaba al año 26 017 millones de euros en orden público y seguridad, lo que suponía un 1,9 % del PIB.[6] Por otra parte, de acuerdo al Balance de Criminalidad del segundo trimestre de 2022, la tasa de criminalidad en España se situaba en 46,2 casos por cada mil habitantes, 0,6 puntos menos que en el año 2019 (año previo a las medidas sanitarias por la pandemia).[7] Cabe destacar, un aumento significativo en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual y las estafas informáticas.[7]
El Ministerio del Interior se creó para asumir los asuntos relativos a la gobernación del Reino de España, un gran ámbito competencial que en el pasado habían asumido los Consejos de la Monarquía y que a partir del siglo XVIII acabó centralizando el Consejo de Castilla, que entre sus numeras funciones se encontraban las de asistir y colaborar con el monarca en los asuntos de gobierno del país.
Con la división gubernamental en Secretarías de Estado y del Despacho llevada a cabo por Felipe V, con carácter general fue la Primera Secretaría de Estado —cuyo titular actuaba como un primer ministro— la responsable de los asuntos relativos a la gobernación del Reino, aunque dependiendo de la confianza que el rey tuviera en sus ministros, otros ramos podían acabar acaparando estos asuntos. Así, en diferentes épocas fueron también los titulares de otras Secretarías los que asumieron el gobierno interior, o incluso el Consejo de Castilla, durante la presidencia del conde de Aranda, recuperó gran protagonismo en este ámbito.[8]
Sin embargo, la Guerra de Independencia introdujo en España, por influencia francesa, el concepto de gobierno interior como entidad propia, lo que derivaría en la creación de un nuevo ministerio.
En lo que a nosotros interesa, el Despacho de la Gobernación del Reino se reguló por el Decreto CXLV de 6 de abril de 1812 de las Cortes, que estableció que este departamento entendía:[10][11]
«de todo lo perteneciente al gobierno político y económico del reino, como es la policía municipal de todos los pueblos sin distinción alguna, entendiéndose por ella la salubridad de los abastecimientos y mercados, limpieza y adorno de las poblaciones; en todo lo respectivo a la instrucción pública, como escuelas, colegios, universidades, academias y demás establecimientos de ciencias y bellas artes, conforme al plan y reglamento que establezcan las Cortes; lo correspondiente a caminos, canales, puentes, acequias, disecaciones de lagunas y pantanos, y toda obra pública de utilizad u ornato; en el ramo de sanidad; en todo lo que por las leyes puede tocar al Gobierno para promover y fomentar la agricultura e industria nacional en todos sus ramos, y en los establecimientos públicos de ambas. Tendrá a su cuidado las minas y canteras de todas clases que pertenezcan al Estado; la navegación y comercio del interior; los hospitales, cárceles, casas de misericordia y de beneficencia; la fijación de límites de las provincias y pueblos, y todo lo correspondiente a la estadística y economía pública; el ramo general de correos y postas en toda la Monarquía; la estampilla del rey, y del presidente de la Regencia, y la provisión de todos los empleos que sean correspondientes a los diversos ramos que comprende este Ministerio».
Cortes de Cádiz. Decreto CXLV de 6 de abril de 1812.
A pesar del gran abanico de competencias que tenía el departamento, no incluía una fundamental, la seguridad pública, que quedó integrada en la Secretaría del Despacho de Justicia. El primer ministro en ocupar esta cartera fue José García de León y Pizarro.
Un ministerio liberal
El ambicioso y nuevo departamento no duró mucho pues, una vez ganada la guerra y repuesto en el trono Fernando VII, este anuló todo lo hecho por las Cortes de Cádiz y restauró el sistema absolutista. Esto supuso un duro golpe para los liberales, que fueron los principales promotores de las reformas administrativas de la Monarquía y quienes esperaban que, tras el apoyo brindado a la causa de Fernando, este aceptaría un cambio de régimen. Nada más lejos de la realidad; el rey reinstauró el sistema de Consejos y suprimió, entre otros órganos, las secretarías de gobernación, volviendo al momento previo a la guerra.
Visto como un ministerio liberal, no hubo ni rastro de él hasta 1820, cuando los liberales se levantaron contra el rey tras el pronunciamiento de Rafael del Riego y le forzaron a reponer el régimen constitucional establecido por la Constitución de 1812, lo que incluyó recuperar un departamento exclusivo para los asuntos de la gobernación del Reino. Durante el breve periodo que duró el Trienio Liberal, se presentaron diversos proyectos para crear cuerpos policiales, tales como el de la Legión de Salvaguardias Nacionales. La inestabilidad de este periodo fue patente en la titularidad de la cartera, con numerosos ministros, y terminó con el restablecimiento del absolutismo en 1823 gracias a la ayuda que el rey recibió de los Cien Mil Hijos de San Luis.
Esto dio paso a la Década Ominosa, una oscura etapa de la historia de España llena de represión hacia los liberales. De nuevo, se eliminó todo rastro de las reformas del Trienio Liberal y, aunque se intentó reformular un ministerio de gobernación llamado Secretaría del Despacho de Interior (que agrupaba tanto los asuntos de la Península como los de Ultramar), apenas duró unos meses.[12] Su único titular fue José Aznárez Navarro.
Para ello, su gobierno introdujo algunas reformas, tanto de ámbito académico como social. En lo que a la administración del Reino compete, el soberano tuvo en mente desde 1830 la creación de un Ministerio del Interior, idea que fue defendida por relevantes políticos de la época como Javier de Burgos (1826),[15][16] Pedro Sáinz de Andino (1830),[17] fiscal de la Hacienda Pública, o su propio ministro de Hacienda, Luis López Ballesteros (1830), que lo denominaba «Secretaría del Despacho del Gobierno Político».[18] Mayor rechazo encontró entre los ministros de Justicia, tales como José Antonio Larrumbide Urquidizar (1811) o José Cafranga Costilla (1832), que llegó a dimitir al crearse,[19] e incluso el Consejo de Estado (1830), cuyo informe acabó en un empate entre sus miembros.[18]
Finalmente, por Real decreto de 9 de noviembre de 1832 el monarca restableció la Secretaría de Estado y del Despacho, ahora llamada «de Fomento General del Reino».[20] La elección del nombre no fue baladí; se intentó evitar tanto el término «Interior», por su relación con la ocupación francesa, como el término «Gobernación», ligado a los liberales de Cádiz.[21][18] El encargado de impulsar el departamento fue el ministro de Hacienda, Victoriano de Encima y Piedra, quien asumió de forma interina el cargo y diseñó como iba ser este Ministerio en su nueva etapa. Tras este, Narciso Heredia es nombrado ministro titular hasta octubre de 1833, cuando Javier de Burgos, quien ya en 1826 había defendido crear el departamento, fue nombrado ministro. Este nuevo Departamento se complementó con la creación de la figura del subdelegado de Fomento en las provincias y la división de estas realizada por el ministro Burgos en 1833.[22]
Ya reinando Isabel II, y en su nombre la Reina Gobernadora, María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, esta no tuvo más remedio que apoyarse en los liberales para defender los derechos de su hija a reinar, y para ello promulgó una carta otorgada, el Estatuto Real que, por primera vez, regulaba un Gobierno diferenciado de la Corona —si bien encabezado por esta— y con un jefe del Ejecutivo claramente diferenciado, el presidente del Consejo de Ministros. En este nueva etapa, los liberales renombraron en mayo de 1834 el departamento, rescatando el término «Interior» y los subgobernadores de Fomento pasaron a denominarse gobernadores civiles.[23][24] Unos meses más tarde, se creó la Subsecretaría del Interior con Ángel Vallejo Villalón al frente,[25] y se reubicó el Ministerio, instalándolo en la antigua sede del Consejo de la Suprema Inquisición, en la madrileña calle de Torija.
De nuevo, a finales de 1835, se volvió a cambiar el nombre al Departamento, pasando a llamarse «de Gobernación del Reino».[26] Esta nueva etapa como Gobernación la inició con seis secciones, dedicadas a los asuntos generales del Ministerio, la administración y servicios de ámbito local, cuerpos policiales, cárceles, educación pública, fomento de la economía, la agricultura y obras públicas.[27]
A pesar de las numerosas reformas en el ámbito de la seguridad pública, no se encontraba una solución factible y se consideraba imperiosa la tutela del Gobierno para asegurar la libertad de los ciudadanos; así lo afirmaba un decreto de 26 de enero de 1844, «la libertad civil, expuesta de continuo a los amaños y violencias individuales, no parece subsistir con firmeza sin la tutelar vigilancia, y sin el robusto apoyo de la autoridad solícita y vigorosa del gobierno».[28]
De lo que queda de siglo XIX, lo más relevante acaeció en 1847. Por Real Decreto de 28 de enero de 1847, se creó la Secretaría de Estado y del Despacho de Comercio, Instrucción y Obras Públicas.[31] Este nuevo ministerio, que desde 1851[32] hasta nuestros días será conocido como Ministerio de Fomento, se formó del desgajamiento de las funciones del Ministerio de la Gobernación relativas a instrucción pública, beneficencia y obras públicas, así como lo relativo a comercio, que por aquel entonces tenía el Ministerio de Marina.[31] Esta distribución competencial no llegó a producirse tal y como estableció el decreto de 28 de enero y, una semana después, se procedió a otra, que mantuvo en Gobernación las competencias relativas a beneficencia pero le retiró las correspondientes al fomento de la agricultura.[33] Asimismo, el Ministerio de la Gobernación asumió los asuntos relativos al gobierno de los territorios de Ultramar, que hasta entonces poseía Marina.[33]
Para finales de ese año, el Departamento atendía los ramos de gobierno interior y administración, beneficencia, prisiones y sanidad, así como lo relativo a presupuestos y contabilidad municipal y provincial.[34] Destacaba en esta época la dependencia que tenían de este Ministerio los gobernadores civiles, a través de los cuales, durante la época del turnismo, el Departamento controlaba y manejaba las elecciones consiguiendo los resultados que más convenían. Algunos ministros, como José de Posada Herrera, lo hacían de forma tan evidente que en la época se le conocía como el "gran elector".[35]
Durante el resto del siglo XIX el Ministerio tuvo una relativa estabilidad en cuanto a lo organizativo, si bien fue uno de los principales departamentos encargados de gestionar el malestar social que hubo durante todo el final del reinado de Isabel II y los posteriores periodos de la historia de España, tales como el Sexenio Democrático o la Primera República. Como eventos destacados, se crearon en 1868 las direcciones generales de Administración y de Política,[37] se refundieron las direcciones generales de Correos y de Telégrafos[37] y existió, de forma intermitente, una Dirección General de Seguridad.[38][39][40] Asimismo, durante el Gobierno Provisional, se disolvió la Guardia Rural y sus miembros se integraron en la Guardia Civil.[41] Tras el desastre de 1898 que supuso la pérdida de los últimos territorios españoles en América y Asia, se disolvieron las unidades de la Guardia Civil destacadas en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, integrándose sus miembros en la plantilla nacional.
Los primeros años del siglo xx fueron años de intensas reformas de ámbito social que impulsó este departamento, como la ley de accidentes del trabajo de 1900,[42] el real decreto que prohibía las jornadas superiores a 11 horas en junio de 1902,[43] la creación del Instituto de Reformas Sociales[44] y la aprobación de la ley de represión de la mendicidad de menores,[45] ambas en 1903, la ley de protección de la infancia[46] y la ley de descanso dominical en 1904,[47] o la creación del Instituto Nacional de Previsión en 1908.[48]
Las medidas sociales no dejaron de aumentar y el ámbito laboral cada vez tenía mayor peso en las políticas públicas. Debido a esto, bajo la presidencia de Eduardo Dato, en 1920 se creó el Ministerio de Trabajo, que asumió las competencias laborales que tenía Gobernación.[49]
Durante la segunda república, el Ministerio de la Gobernación perdió algunas competencias más, como las relativas a correos, telégrafos y similares, que pasaron al Ministerio de Comunicaciones. Este ministerio existió en dos periodos, entre 1931[51] y 1932 y entre 1933[52] y 1939. En el periodo que estuvo disuelto, la Subsecretaría de Comunicaciones regresó con todos sus servicios al Departamento. Asimismo, en 1933 las responsabilidades sanitarias y de beneficencia se transfirieron al Ministerio de Trabajo, que se renombró como Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión[53] y esta situación se mantuvo hasta 1939 cuando, ya acabada la guerra, sus funciones volvieron al Departamento.
Durante la Guerra civil (1936-1939) cada bando estructuró su propio gobierno. En el bando republicano, se mantuvo el tradicional Ministerio de la Gobernación, pero con menos competencias ya que, como se ha comentado, perdió responsabilidades sobre sanidad, beneficencia y comunicaciones. En el otro bando, el sublevado, en 1938 se hizo una división del Departamento, existiendo un Ministerio del Interior que asumió los asuntos relativos al gobierno interior del país y un Ministerio de Orden Público responsable de la seguridad pública.[54] En 1939 se suprimió el segundo, transfiriéndose todos sus servicios al primero y recuperando su tradicional nombre, Gobernación.[55]
En 1951 se creó el Ministerio de Información y Turismo, que asumió, entre otras funciones, las del Ministerio de Gobernación relativas a prensa, propaganda, censura y turismo.[58] Lo mismo ocurrió en 1957 al crearse el Ministerio de Vivienda, que agrupó en un solo departamento las funciones relativas a arquitectura, regiones devastadas y urbanismo.[59]
Muerto en dictador, en 1975 se restauró la Monarquía en la persona de Juan Carlos I, heredero de la dinastía Borbón, y con él dio inicio la Transición democrática que trajo consigo una profunda reforma del sistema policial y del Ministerio de la Gobernación, que por Real Decreto 1558/1977, de 4 de julio, pasó a llamarse Ministerio del Interior,[64] denominación comúnmente utilizada en nuestro entorno más cercano.
Las reformas no se llevaron a cabo únicamente en el entorno policial y de seguridad pública, sino que afectaron al resto de responsabilidades del Departamento. El mismo decreto que renombró el Ministerio, le dio un carácter más homogéneo, pues dejó al Ministerio del Interior con sus competencias más características: seguridad pública y gobierno político del Reino, mientras que el resto de funciones se transfirieron a otros departamentos. Las direcciones generales de Correos y Telecomunicaciones y de Sanidad, así como los organismos autónomos relacionados, se integraron en los nuevos ministerios de Transportes y Comunicaciones y de Sanidad y Seguridad Social, respectivamente.[64] También se reformaron los gobernadores civiles, que cada vez fueron perdiendo competencias en favor de las comunidades autónomas y en 1997 se transformaron en los actuales subdelegados del Gobierno.
En 1979 se creó un nuevo Ministerio, el Ministerio de Administración Territorial, que asumió las funciones del Departamento relativas a las relaciones con las comunidades autónomas, entes preautonómicos y Administración Local, así como las unidades y competencias específicas de la Dirección General de Administración Local.[70] Por último, el Ministerio tuvo que adaptarse a un Estado descentralizado en el que se preveía la posibilidad de crear cuerpos policiales autonómicos no dependientes del Ministerio, como fueron, entre otros, los Mozos de Escuadra o la Ertzaintza.
No todo fue perder competencias, ya que desde 1977 se regularon los juegos de azar y la responsabilidad sobre el cumplimiento de las normas recayó en Interior.[71] Asimismo, a finales de 1993 se le otorgaron las competencias sobre el Plan Nacional sobre Drogas.[72] Estas últimas las mantendrá hasta 2004.[73]
Para acabar el siglo, se lleva a cabo otro hecho insólito, como fue la refundición de los ministerios de Justicia y de Interior en uno solo, dando lugar al Ministerio de Justicia e Interior.[74] Esta fusión duró dos años y, si bien se trató de un periodo de tiempo corto, dejó diversos cambios y novedades que se mantienen hoy en día.
Por una parte, para la mejor gestión de las tres grandes áreas competenciales —seguridad ciudadana, justicia y prisiones— que tenía se crearon en 1994 el mismo número de Secretarías de Estado, destacando la de Justicia, y al mismo tiempo se creó la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, ambos órganos aún activos. Por otra parte, de la separación de los ministerios en 1996 se retornó, tras más de un siglo, a la situación previa a 1887 en lo relativo al sistema penitenciario, pues se atribuía al Ministerio del Interior.[75]
Época actual
Comparecencia de un delegado del Gobierno junto con otras autoridades civiles y policiales. Los delegados ya no tienen el poder político de los antiguos gobernadores civiles, pero mantienen importantes competencias en materia de seguridad ciudadana.
En la actualidad, mantiene prácticamente intactas las funciones que poseía a finales del siglo pasado, con la excepción de que, desde 1996, también posee las competencias sobre prisiones y en 2004 perdió las relativas al Plan Nacional sobre Drogas.[73]
A finales de 2011, la llegada al gobierno del conservador Mariano Rajoy y el nombramiento de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior, supuso la separación del mando policial recuperándose los dos órganos directivos tradicionales, que siguieron siendo coordinados por la Secretaría de Estado de Seguridad.[81] En julio de 2017 el ministro Juan Ignacio Zoido suprimió las direcciones adjuntas operativas,[82] una decisión que fue revertida por el ministro Fernando Grande-Marlaska en julio del año siguiente.[83]
Como órgano de asistencia inmediata al ministro existe un Gabinete, con nivel orgánico de dirección general. Su titular se encarga de la supervisión de los servicios de protocolo y de la programación de las relaciones institucionales e internacionales, cuando haya de intervenir directamente la persona titular del Ministerio del Interior.
Asimismo, depende directamente del ministro la Oficina de Comunicación, con rango de subdirección general, que asume todas aquellas competencias relacionadas con la difusión, en cualquier formato, de información oficial, coordina al resto de órganos similares del Departamento y sus organismos, y se encarga de las relaciones con los medios de comunicación.
Ya en el emblemático edificio de la Puerta del Sol, compartió espacio con Correos, que prestaba sus servicios en la planta baja.[92] Durante el tiempo que estuvo allí, además de ser conocido como el Edificio de Gobernación, el inmueble sufrió diversas reformas, entre las que destaca la construcción de la actual torre del reloj. Una vez acabada la guerra civil, en 1939, el gobierno de la dictadura trasladó la sede del Ministerio a un edificio de la calle de Amador de los Ríos, aunque mantuvo el edificio como una de sus sedes, albergando la Dirección General de Seguridad.
En 1976,[4] la Presidencia del Gobierno cedió al Ministerio de la Gobernación el palacete sito en el paseo de la Castellana 5, un edificio cercano a la sede del Departamento que hasta entonces acogía la Dirección General de Promoción del Sahara (histórica Dirección General de Marruecos y Colonias).[93] Años más tarde, en 1990, el Ministerio continuó ampliando su sede mediante la adquisición de otro edificio contiguo de la calle de Amador de los Ríos.
Además de las dos sedes principales, el Departamento del Interior posee, debido a su tamaño, sedes propias para diversos órganos y organismos; estos son:
El complejo «Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE)», que alberga la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad.
Para el ejercicio 2023, el Departamento del Interior tiene un presupuesto consolidado de 11.358 millones de euros, que añadiendo algunas transferencias internas ronda los 11.500 millones.[2]
De los trece programas que tiene la Sección 16 (Ministerio del Interior) del presupuesto, destaca el Programa 132A «Seguridad ciudadana», dotado con más de 7.400 millones de euros que son gestionados por las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil. Tras este, están los programas 133A «Centros e Instituciones Penitenciarias», gestionado por Instituciones Penitenciarias y que tiene una cantidad asignada de más de 1.326 millones de euros, y 132B «Seguridad vial», con 843 millones, que junto con otras transferencias internas alcanza los 980 millones.[2]
El resto del presupuesto se destina a otras políticas de ámbito policial (formación y personal en reserva), digitalización, protección internacional, protección civil y asuntos electorales y de partidos políticos.[2]
Evolución
Gasto consolidado del Ministerio del Interior desde el año 2000 Datos cada dos años, salvo el más reciente (en millones de euros)
Las cuentas del Ministerio, así como de sus organismos adscritos, son auditadas de forma interna por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), a través de una Intervención Delegada en el propio Departamento. De forma externa, es el Tribunal de Cuentas el responsable de auditar el gasto.
↑Martín, Beatriz Badorrey (1999). «El reinado de Felipe V». Los orígenes del Ministerio de Asuntos Exteriores, 1714-1808. Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores. pp. 135-142. ISBN978-84-95265-01-2.
↑ abcMorales Villanueva, Antonio (Enero-abril 1989). «Evolución de la Administración Policial». Revista de Administración Pública (núm. 118): 376-378. Consultado el 18 de agosto de 2022.
↑Morales Villanueva, Antonio (Enero-abril 1989). «Evolución de la Administración Policial». Revista de Administración Pública (núm. 118): 379. Consultado el 18 de agosto de 2022.
↑Morales Villanueva, Antonio (Enero-abril 1989). «Evolución de la Administración Policial». Revista de Administración Pública (núm. 118): 386. Consultado el 18 de agosto de 2022.
↑Se denomina bando francés por ser este su liderazgo, pero no estaba formado únicamente por franceses, sino también por españoles que apoyaron el gobierno de José Bonaparte. A estos se les conocía como afrancesados.
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